La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, afectada por el retraso de pagos de la gran distribución, citó como parte más positiva qu los aplazamientos de pago superiores a 60 días estén justicados con un documento descontable en una entidad financiera y que si es superior a los 120 días, el proveedor pueda exigir un aval bancario. En los dos casos se establece el pago de intereses por demora.

Por su parte, ARDE (Asociación para la Reforma de la Distribución Española), que agrupa a los supermercados de capital nacional (Mercadona, Cobreros, entre otros), cree que la nueva norma servirá para la modernización del tejido comercial de uestro país.

También la Confederación Española de Comercio (CEC), y CECOMA, que dijeron representar conjuntamente a 1,3 millones de comerciantes, valoraron positivamente la ley, ya que en su opinión permitirá el desarrollo de una política comercial similar a la que se aplica en la mayoría de países europeos.

Por último, la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) consideró que la restricción horaria "va a permitir garantizar el verdadero libre comercio", al posibilitar la igualdad e condiciones entre establecimientos, ya que la libertad total supondría en su opinión la desaparición del pequeño comercio.

Por contra, el presidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), José Serrano Carvajal, criticó la aprobación de la ley, aunque mostró la disposición de todos sus asociados a cumplirla.

Serrano Carvajal aseguró que la ley es "discriminatoria" para todo los comercios, pero más aún para las grandes superficies que tendrán que solicitar dos licecias de apertura (del ayuntamiento y la comunidad autónoma), frente a los pequeños comercios, a los que sólo se les pide una.

También se mostró en contra de la limitación de las aperturas dominicales y el establecimiento de obligaciones para los hipermercados en el caso de que difieran el pago más de 60 días a sus proveedores.

ANGED no descarta presentar un recurso por insconstitucionalidad de la ley, al ceder competencias que no tienen a las comunidades autónomas, aunque todavía no ha estudiado l tema.