Con esta argumentación, el Grupo Socialista del Congreso, al que se unió el Popular, rechazó ayer por la noche en el Pleno del Congreso una proposición no de ley de Izquierda Unida para que el Gobierno enviara en cuatro meses a la Cámara Baja una nueva Ley de Colegios Profesionales.

Izquierda Unida alegó la necesidad de acabar con anacronismos como que el artículo 572.2 del Cóigo Penal todavía castigue a los profesionales no colegiados, sin tener en cuenta que muchos titulados no ejercen como profesionales liberales sino como trabajadores por cuenta ajena.

La proposición fue rechazada con 23 votos a favor (de Izquierda Unida, Convergencia i Unió y diputados del Grupo Mixto), 236 en contra y 3 abstenciones.

El portavoz socialista, Victorino Mayoral, recalcó que, aunque la Ley de Colegios Profesionales data de 1974, fue reformada en la mayor parte de su articulado en 198 y ha sido reiteradamente convalidada por los Tribunales Supremo y Constitucional.

Mayoral señaló que el PSOE no renuncia al "perfeccionamiento" de la ley, pero considera preferible esperar a 1993 para abordar la regulación de las actividades profesionales teniendo en cuenta las exigencias de competitividad y libertad de establecimiento que irán unidas al mercado único.

El cambio de la regulación de los Colegios Profesionales fue planteado por el Gobierno en el pacto de competitividad, si bien e Ministerio de Economía precisó posteriormente que sólo considera necesario modificar los Estatutos de algunos colegios.

Este ministerio estudia actualmente, por si fueran contrarias a la legislación de la competencia, las cláusulas de dichos estatutos que establecen la obligatoriedad para todos los colegiados de atenerse a una tarifas de honorarios mínimos, así como las que permiten la doble colegiación.