La ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, se había comprometido a llevar al Parlamento antes de final de año la ley que diseña la colaboración entre el Estado y las comuidades autónomas en materia de Sanidad, una vez traspasada su gestión a los gobiernos regionales, y que garantiza la equidad en el acceso de los ciudadanos a estas prestaciones.

Una vez visto por el órgano de dirección de la Cámara Baja, se ordenará su publicación. El texto será remitido a la Comisión de Sanidad y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.

Según el trámite ordinario, el proyecto no podrá ser aprobado hasta que se reabra el periodo de sesiones enfebrero, pues la próxima semana es la última hábil en el Congreso antes de las vacaciones navideñas, con lo que, en todo caso, sólo dará tiempo a concluir el plazo de enmiendas.

El texto remitido por el Gobierno sólo podría aprobarse con más urgencia si se decidiese tramitarlo en lectura única. En estos casos, se procede sólo a debate y a una única votación en el Pleno de la Cámara.

Tanto PSOE como IU señalaron a esta agencia que no eran partidarios de incluir el debate de esta "importante normatva" en el último Pleno del año, conocido como Pleno escoba, en el que van temas menores, de trámite o muy urgentes.

MAS PROTAGONISMO A LAS CCAA

El ya proyecto de ley da mayor protagonismo a las comunidades autónomas en la cohesión del sistema y la cooperación dentro del mismo, incorporándolas al organismo que evalúa y autoriza los medicamentos (la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, como se denominará a partir de ahora) y a los órganos de dirección del Instituto de Salud Carlos II.

También crea una serie de instrumentos u organismos para mejorar las decisiones que corresponda asumir conjuntamente al Estado y a las comunidades, y establece las actuaciones coordinadas que en materia de salud pública y de seguridad alimentaria.