El PSOE pidió ayer a la Mesa del Congreso de los Diputados que suspendiera la tramitación de este proyecto por la ausencia de la citada memoria económica, y amenazó con recurrirlo ante el Tribunal Constitucional si no se presenta ese documento.

En declaraciones a los periodistas, Cisneros recalcó que presentar este informe junto al proyecto de ley en la Cámara Baja supondría una "flagrante contradicción" con el nuevo régimen fiscal y financiero de las comunidades autónomas.

Explicó que "sólo al Consejo de Política Fiscal y Financiera", donde están representadas todas las comunidades autónomas, "corresponde evaluar" la dotación económica de esta reforma, pues son éstas las que deben implantar y poner en práctica la ley, ya qe tienen transferidas las competencias de educación.

Por ello, acceder a la petición del PSOE significaría una "clara injerencia de la Administración Central en las competencias específicas" de las comunidades autónomas, y subrayó que ni la COnstitución ni el Reglamento exigen que se presente este informe junto al proyecto de ley.

Cisneros aseguró que cuando se trate este asunto en el foro correspondiente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se hará público y el Congreso "tendrá conocimieto" de las repercusiones económicas de este proyecto.

Por su parte, el portavoz socialista, Jesús Caldera, reiteró en rueda de prensa que el Gobierno ha "violado la obligación legal" de presentar esta memoria con "alevosía", porque la que ha elaborado supone un "gasto ridículo" que además se deriva especialmente a la enseñanza privada, algo que provocará una "reacción social".