Tras mostrarse la ministra Pilar el Castillo dispuesta a atender la petición de varias comunidades autónomas para que se amplíe un año el plazo máximo para la extensión de la gratuidad en Infantil, Educación y Gestión difundió un comunicado en el que afirma que este retraso sería "un agravio a las clases más desfavorecidas".

Para EyG, la propuesta inicial del Gobierno de dos años para la implantación "es más que razonable", porque se trata de una medida primordial para los alumnos socioeconómicamente más desfavorecidos y, especialmene, para los inmigrantes.