En una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Servimedia, el Gobierno explica a estos tres grupos parlamentarios, que desde el pasado 30 de mayo formularon preguntas a este respecto, que evaluar el impacto de este proyecto en las comunidades autónomas corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Por otra parte, los docmentos que se pudieran producir a lo largo del proceso de elaboración de un proyecto de ley", añade el Ejecutivo en su respuesta, "no vinculan ni comprometen al órgano que tiene atribuida la competencia para adoptar la decisión final sobre aquél".

Por ello, subraya que "no procede la remisión de ningún documento que carezca de la validez que únicamente le puede otorgar el órgano competente para adoptar la decisión".

Concluye que, junto al proyecto aprobado en Consejo de Ministros, ya se remitió a Congreso la memoria, el dictamen del Consejo de Estado y el del Consejo Escolar del Estado, "que se consideran antecedentes necesarios" para que la Cámara Baja pueda pronunciarse sobre el proyecto.