Como estaba previsto, no prosperaron los informes alternativos que defendieron CCOO y UGT ni las enmiendas más importantes presentadas al texto del Ejecutivo.

Tras este pronunciamiento preceptivo pero no vinculante del máximo órgano de representación de la comunidad escolar, el anteproyecto queda listo para que lo vea el Consejo de Estado y que posteriormente el Consejo de Ministros lo envíe como proyecto de ley al arlamento.

La jornada de hoy estuvo protagonizada por el abandono de la sesión de la totalidad de las organizaciones sindicales, de padres y alumnos y consejeros de reconocido prestigio contrarios a la reforma.

Protestaron porque el presidente del consejo, Alfredo Mayorga, nombrado por el Gobierno, impidió intervenir a los colectivos que simplemente defendían la devolución del texto oficial sin presentar informe alternativo.

También adujeron que la mayoría afín al Gobierno ha forzado el "relvo" de consejeros elegidos como personalidades de reconocido prestigio críticos con el PP, como Marta Mata, histórica dirigente de los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs), que hoy presentó su renuncia al cargo.

Los portavoces de todas estas asociaciones comparecieron en una rueda de prensa conjunta para manifestar su protesta, que en el caso del sindicato STES llegó a un encadenamiento de varios de sus responsables en las puertas de la sede del consejo.

MAYORIA HOLGADA

Fernando Lezcano,de CCOO, acusó al Gobierno de haber hecho una "interpretación autoritaria" del reglamento para cercenar la libertad de expresión de los opositores a la reforma, a pesar de que dispone de una mayoría "holgada" en el consejo para sacar adelante sin dificultad sus postulados.

"El Gobierno ha intentado institucionalizar la ausencia de debate que ha presidido la tramitación de la ley, y será el único responsable de la crispación que pueda producirse en el mundo educativo a partir de ahora", señaló.

Po UGT, Jesús Ramón Copa, avisó al Gobierno de que lo ocurrido hoy no es sino "una batalla más" suscitada por un ministerio que está "muy nervioso" por la falta de respaldo social a la Ley de Calidad.

Según Miriam Municio, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, el Gobierno "sólo escucha a las patronales de la enseñanza privada y a la jerarquía de la Iglesia católica", por lo que será preciso "volver a salir a la calle".

ABANDONO LAMENTABLE

En el lado favorable a la ley también se produj una cascada de pronunciamientos a favor del dictamen y en contra del abandono de los consejeros contrarios al anteproyecto.

Para José Luis Mira, director general de Educación, la salida de los consejeros es "lamentable" y hace pensar que "está de moda levantarse de los órganos de debate".

A su juicio, esta ausencia resulta incomprensible porque se pone como excusa una aplicación del reglamento que se ha puesto en práctica del mismo modo durante años y no ha habido ningún problema.

En esta msma línea, Juan Muñoz, presidente de la confederación de estudiantes CES, dijo que en la etapa socialista hubo un rodillo similar del signo opuesto y muchas de las organizaciones hoy protestantes no abrieron entonces la boca.

En representación de la patronal Educación y Gestión, su presidente, Néstor Ferrera, también consideró un error el abandono ocurrido hoy y juzgó preocupante que esta "confrontación" continúe en la comunidad educativa cuando la reforma salga del Parlamento.

En defensa de la atuación del presidente salieron además José Manuel Contreras, de CONCAPA, y Juan Arboledas, del CSIF. Este último, no obstante, censuró que no se haya dejado hablar a los colectivos que no defendieron informe alternativo.

Por lo que se refiere a las enmiendas de la Administración, José Luis Mira explicó que las 104 presentadas buscan acomodar el dictamen aprobado en la Comisión Permanente con el anteproyecto del Ejecutivo.

Entre las modificaciones que prosperaron figura una para que la renta per ápita tenga mayor peso en la admisión de alumnos y otras encaminadas a facilitar el acceso a los grados medio y superior de la FP.