En rueda de prensa, los responsables de esta comisión, que dice representar a la gran mayoría de los irectores de instituto del Estado, acusaron al Ejecutivo de haber hecho un "diagnóstico catastrofista" del sistema educativo español para justificar su reforma.

Estos docentes no comparten de la ley puntos que les afectan en primera instancia, como que los directores sean elegidos por los claustros, sin que padres y alumnos participen en el proceso, como establece la LOGSE.

Según Francisco Lacueva, presidente de turno de la comisión, el Gobierno "contrapone la eficacia en la gestión con la eleccin democrática del director, que no son antagónicas, sino complementarias".

A su juicio, si un alumno de 18 años está capacitado para elegir al presidente del Gobierno, también lo está para votar por un candidato a director. "Tenemos que dar ejemplo: si se les enseña educación en valores, un valor muy importante es la participación democrática", señaló Lacueva.

La comisión también se queja de que el Ejecutivo no contempla financiación para la reforma, cuando cree que es primordial una inyección exra de dinero para aumentar las plantillas de profesores de apoyo, trabajadores sociales y psicopedagogos. En su opinión, la diversidad no se atiende con un planteamiento "uniformista", sino con más medios materiales y humanos.

El riesgo de separación segregadora de los alumnos mediante los itinerarios y la vinculación de la obtención del título de Bachiller con la prueba de la reválida son otros capítulos de la ley que no han recibido con agrado.

Estos directores reclaman para su colectivo que tega las competencias sobre el personal de los centros, porque de lo contrario tienen una responsabilidad "devaluada" sobre la gestión.

Desde el punto de vista de la negociación, sostienen que una reforma de esta envergadura debe sacarse adelante por consenso "social y político" y no estar sujeta a los vaivenes de las mayorías parlamentarias de uno u otro signo.