En ruedas de prensa consecutivas en el Congreso, los responsables económicos del PP, Vicente Martínez-Pujalte, el PSOE, Maite Costa, y CiU, Xavier Trías y Josep Sánchez Libre, desgranaros sus propuestas sobre la nueva Ley Financiera, en la que se incluye la reforma de la Ley de Cajas. El PP confía en que esté aprobada el 1 de octure.

Martínez-Pujalte confirmó que se limitará a 70 años la edad de los altos cargos y que se establece un tope de mandatos de 12 años para el desempeño de estos puestos, si bien explicó que habrá un periodo transitorio de aplicación de la norma. Para los mayores de 70, como el presidente de "La Caixa", Josep Vilarasau -entre otros-, se les permite acabar su mandato, pero no podrán continuar. Lo mismo para la limitación de mandatos.

Además, el PP limita al 50% la presencia de representación de lasentidades locales y autonómicas en los consejos de las cajas, si bien no ha prohibido que responsables públicos, como concejales, puedan ostentar el cargo de consejeros. "Esto lo dejamos a la elección de cada comunidad autónoma", dijo Pujalte.

El secretario de Economía del PP aseguró que estas modificaciones no invaden "en absoluto" las competencias de las comunidades autónomas y respetan las sentencias del Tribunal Constitucional que se han dictado al respecto.

PSOE y CiU no son de la misma opinón y consideran que el PP está invadiendo competencias de las comunidades autónomas, por lo que es más que previsible que los ejecutivos autonómicos presenten recursos de inconstitucionalidad contra la nueva normativa.

El portavoz de CiU en el Parlamento, Xavier Trías, se mostró indignado por la postura del PP y dijo que el Gobierno de José María Aznar "poco a poco va invadiendo" competencias y esto "no es bueno".

Por ello, tras insistir en que Aznar tiene "una interpretación exagerada de la comptencia del Estado", auguró que habrá recursos de inconstitucionalidad si el PP no modifica su postura en el debate en el Pleno del Congreso o en el trámite de enmiendas en el Senado.

En el mismo sentido se pronunció la diputada socialista Maite Costa, quien aseguró que las modificaciones introducidas por el PP son "contrarias" a la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional, lo que provocará que las autonomías recurran a este tribunal contra la invasión de competencias del Gobierno central. Además, Costa mostró "dudas" sobra la intención del Gobierno con la limitación de las edades de los altos mandatarios y, en relación con La Caixa, aseguró que los deseable es que mantenga su actual política de nombrar presidente a quien le parezca oportuno, sin ningún límite.

En cuanto al límite de consejeros de carácter político en las Cajas, el PSOE propone que su presencia en los consejos de administración de estas entidades sea proporcional a su representación en las diferentes entidades públias (ayuntamientos y comunidades) que dan derecho a estar presente en los órganos de dirección de las cajas.

De esta manera, según explicó, se evitará el modelo de la Comunidad Valencia, presidida por el "popular" Eduardo Zaplana, que tiene el 100% de los consejeros de las cajas de su región. Pujalte aseguró que este modelo no sirve.

Finalmente, el PP considera que hay que desarrollar las cuotas participativas para dotar a las cajas de más recursos, mientras que el PSOE considera que esto es un pao hacia la privatización de las cajas. Por eso, proponen un nuevo modelo financiero que cotizaría en los mercados secundarios.

Así, el PP propone que las cuotas participativas no se otorguen por más de 50% de los recursos de la Caja y se limiten los compradores a un 5%. En cuanto al PSOE, cree que las Cajas no pueden sacar al mercado más del 15% de sus recursos y que sólo las personas físicas pueden contratar el nuevo modelo financiero, principalmente clientes y trabajadores de estas entidades.

AUDIORES

Todos los grupos se centraron en explicar la reforma de las Cajas, si bien insistieron en la necesidad de que la Ley Financiera logre mejorar la protección de los inversores.

Todos coinciden en que, para evitar casos como el de Enron en Estados Unidos, es necesario controlar más la labor de los auditores, principalmente evitando que mantengan durante mucho tiempo su control sobre la misma empresa.

Así, el PP propone que el mismo auditor no pueda controlar durante más de 12 años la mismaempresa o el mismo equipo inspector, CiU considera que debe cambiarse cada 7 años y el PSOE cada 5.

Además, se introducen otros controles como que se conozcan los honorarios de los auditores y se incluyan en las memorias de las empresas que auditan.

Todos los grupos parlamentarios presentan otras medidas para mejorar el sistema financiero español y para dotar a las pymes de mayor capacidad de captar recursos.

En este sentido, el PSOE presenta una novedosa enmienda para controlar la morosidad que perjudica al 77% de las pymes, según Costa. Por ello, fijan el concepto de morosidad, en cuanto al tiempo en el retraso de un servicio, y establecen la obligación para los morosos de pagar intereses.

Finalmente, Martínez-Pujalte aseguró que el PP quiere que esta ley esté en vigor a partir de octubre próximo. A partir de esa fecha, se concedería un "periodo transitorio para adaptación" de las leyes autonómicas así como de los estatutos de las propias Cajas de Ahorros en lo que les afecte, así comolas auditoras y otras entidades.