Las Corporaciones Locales consideran que tanto la Ley de Haciendas Locales como las propias competencias municipales, otrogan el derecho a los ayuntamientos de cobrar un "precio público" por la realización de actividades que implican la utilización o aprovechamiento especial de suelo, subsuelo o vías públicas.

Esta contraprestación e aplicaría sobre los ingresos de las empresas adjudicatarias del servicio de suministro, y la cifra que apuntan los ayuntamientos para ese "precio público" es del 1,5 por cien.

También destaca la posibilidad de incluir en la ley alguna disposición adicional que permita la coordinación entre Hacienda y las corporaciones locales para la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), creando o adecuando el contenido de la ley del impuesto a la actividad de televisión por cable, cuotas de tarif, etc.

El planteamiento de los ayuntamientos altera la propuesta del Gobierno, cuyo proyecto de ley en trámite parlamentario deja a la Administración central la potestad de fijar los precios de algunos servicios de cable.

La demanda municipal no sólo afecta a los intereses de Telefónica, cuya red de cable es la más importante del país, sino a otras empresas privadas o públicas que cuentan con fibra óptica extendida por todo el país, como es el caso de las eléctricas.

El proyecto de ley impid a estas compañías dar servicios finales a clientes por cable, pero sí les otorga la posibilidad de alquilar sus redes de fibra óptica a las empreasa autorizadas a ofrecer esos servicios.