Esta ley determina que las prsonas solicitantes de asilo en los puestos fronterizos deben permanecer obligatoriamente en sus dependencias hasta que se resuelva la posible admisión a trámite de su petición.

La Defensora del Pueblo considera que "esta medida es una nueva forma de privación de libertad, que no reúne las garantías que la Consitución exige".

En primer lugar, "no se prevé intervención judicial alguna que efectúe el correspondiente control sobre esta situación. En segundo lugar, la duración de la permancia en esta dependencias del puesto fronterizo es superior a las 72 horas que reclama la Constitución, ya que puede prolongarse durante siete días o, incluso, de forma indefinidaz".

Por otro lado, señala, que, "a pesar de que el precepto contempla una nueva forma de privación de libertad, carece del carácter de ley orgánica".

El dictamen determina que "la ausencia de control judicial sobre esta situación superior a las 72 horas, y el no revestir carácter de ley orgánica, convierten el precepto recurrido en nconstitucional, por vulnerar tanto el derecho fundamental a la libertad como el artículo 81 de la Constitución, que exige que las leyes que desarrollen el contenido esencial de los derechos fundamentales, como es el caso, ostente la naturaleza de leyes orgánicas".

La ley fue aprobada el pasado día 2 de marzo en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Izquierda Unida, y fue publicada en el BOE el pasado mes de mayo.