En opinión de Barrero, el recurso que va a interponer la Defensora del Pueblo no afecta en profundidad a la regulación del derecho de asilo.

Barrero señaló que no hay que olvidar la presunción de constitucionalidad de toda labor parlamentaria, aunque recordó que en el engranaje del sistema democrático se permite recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier ley. "Por ello", dijo, "destacamos la legitimidad de la decisión del Defensor del Pueblo de ecurrir esa ley".