Esta medida es fruto de las propuestas y planteamientos realizados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para evitar situaciones de desventaja y discriminación jurídica de las personas con discapacidad con respecto al resto de ciudadanos.

De esta forma, los refugiados con discapacidad tendrán acceso a los derechos reconocidos en la Convención de Ginebra y, en concreto, a los servicios públicos de empleo, a la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda, la asistencia social y servicios sociales y a los programas de integración en las mismas condiciones que los españoles.

Además, las personas con discapacidad que en su país de origen o residencia sean perseguidos o tengan temores fundados de que su vida corre peligro por razón de su discapacidad pueden solicitar el derecho de asilo o el derecho de protección subsidiaria, este último regulado por primera vez mediante esta ley.

La nueva regulación permite a las Administraciones Públicas crear ayudas permanentes complementarias para personas con discapacidad que se acojan al derecho de asilo o al de protección subsidiaria.

De acuerdo a esta normativa, el Gobierno adquiere la obligación de remitir anualmente a las Cortes un informe en el que deberá incluir información expresa sobre la situación específica de los refugiados con discapacidad al estar considerados como personas vulnerables.