Según Benigno Blanco, el primer problema que se quiere afrontar es el incumplimiento de la Ley de Aguas en materia de aguas subterráneas. "Doce años después de su entrada e vigor", añadió, "no se ha logrado acabar el registro de los derechos de uso de aguas subterráneas".

Asimismo, el secretario de Estado de Aguas y Costas dijo que la situación de los acuíferos en la España más seca es caótica, con riesgo de graves daños medioambientales. Para solucionar esta grave situación el Ministerio de Medio Ambiente está pensando en una gestión de los acuíferos que combine la actuación de la Administración hidráulica y la de las comunidades usuarias de esas aguas subterráneas, co el fin de racionalizar la gestión.

Según Benigno Blanco, el Gobierno apuesta por acudir a mecanismos que incentiven la entrada de financiación privada en infraestructuras hidráulicas. "Eso no significa", puntualizó, "que el Estado deje de invertir, sino que quien reclame una obra y se va a beneficiar de ella, colabore en su financiación".

Por otra parte, explicó que la nueva Ley de Aguas en la que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente va a introducir alguna modificación en el traspaso del dereho al uso privativo del agua entre particulares.

"Manteniendo el sistema previsto en la ley, se va a facilitar lo que popularmente se llama el mercado del agua, es decir, que quien tenga un derecho al uso privativo del agua pueda transferirlo, con todos los controles y requisitos, a otra persona que quiera hacer otro uso", dijo.

"Esto no significa privatizar las aguas, ni dar entrada a lo privado frente a lo público", subrayó, "es establecer mecanismos para que el agua se use con la mayor eficaci social, puesto que es un bien escaso, conservando siempre la tutela del Estado".