"Partimos de la base", añadió, "de que no hay ni una sola mujer en el mundo que tenga deseos de interrumpir el embarazo, lo que pasa es que eso no significa que no se planteen situaciones de conflicto".

Fernández señaó que esta iniciativa pretende solucionar, desde el marco constitucional y legal, un problema que se plantea en la sociedad y dijo que una mejor información sobre el tema ayudará a adoptar "medidas previas de mayor responsabilidad y a tener un concepto de la maternidad de forma responsable, deseada y buscada".

Explicó que la mujer podrá interrumpir voluntariamente su embarazo en las doce primeras semanas de gestación, siempre que acuda previamente "a un centro de asesoramiento e información en el cual tras ser oída, escuche las razones que asisten al Estado para proteger la vida en formación".

Insistió en que ante el "conflicto grave" en el que puede encontrarse la mujer en el supuesto de un embarazo no deseado "el Estado lo que hace es establecer instrumentos, mecanismos y garantías para que la mujer ni esté sola ni adopte una decisión de la que se pueda arrepentir, sino que, de forma responsable, consciente e informada de todas las expectativas que existen, adopte su decisión final".

INCONSTITCIONALIDAD

Sobre la constitucionalidad del proyecto que se pretende llevar a las Cortes antes de agosto para ser debatido el próximo otoño, declaró que "tal y como aparece redactado está hecho dentro del marco de la Constitución"

Asimismo, indicó que el proyecto, en cuya elaboración han participado los ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales y Justicia e Interior, establece que, en caso de que haya conflicto entre los derechos fundamentales de la mujer y los del feto, priman los de la primera. A su juicio, "ésta es una ley lo suficientemente razonable" por lo que espera que cuente con el apoyo de los restantes grupos parlamentarios.