Así lo apuntaron fuentes del Ministerio de Igualdad, que avanzaron que la nueva norma establece medidas para la “prevención y respuesta” del Estado a “algunas manifestaciones de la violencia contra las mujeres relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos”.

Por lo que respecta al acceso al aborto, el Gobierno va a “garantizar” el aborto en la sanidad pública y en la ley se pone “especial énfasis en la cercanía del domicilio de las mujeres”. “Se acabaron los desplazamientos a cientos de kilómetros de sus casas”, sentenciaron las mismas fuentes, que avanzaron que, asimismo, se eliminan los tres días de “reflexión” obligatorios y que el sobre con información será entregado a las mujeres que lo soliciten.

Por su parte, la objeción de conciencia se garantizará como un derecho individual, pero se regulará del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para “garantizar que siempre habrá personal disponible para la interrupción voluntaria del embarazo”.

“Quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada”, abundaron las citadas fuentes, que recordaron que las mujeres de entre 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ningún permiso.

La ley incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo y se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento “integral y especializada” en los casos de interrupción del embarazo. En paralelo, los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y en centros y servicios de salud sexual y reproductiva.

MENSTRUACIÓN DOLOROSA

“Por primera vez una ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida y tiene un capítulo específico para la salud menstrual”, abundaron las mismas fuentes, para recordar que habrá una baja “específica” para las mujeres que tengan reglas “muy dolorosas e incapacitantes”, que será financiada “100% por el Estado”.

Asimismo, en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales u organismos públicos se repartirán gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual “con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual”.

En materia de educación sexual, esta “será integral en las principales etapas educativas” y habrá reparto de forma gratuita de métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual, además de en centros penitenciarios entre otros recursos.

En paralelo, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica y se formará “de forma específica” en educación sexual y menstrual a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.

Las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, “para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres”, según las citadas fuentes.

En relación a la maternidad, se fomentarán las “buenas prácticas” en todas las etapas del embarazo, “especialmente, en el parto y en el postparto” y se incorpora la baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.