Lo hicieron a través de un comunicado de su comité de huelga en el que anticiparon que la huelga supondrá una paralización diaria de más de 32 millones de euros en capital judicializado, dejar de recaudar más de seis millones de euros, la inmovilización de más de seis millones de procedimientos judiciales que se tramitan en los órganos judiciales y la suspensión de más de 10.000 juicios y vistas diarias.

Los letrados de Justicia recordaron que en los casi 45 años de democracia “nunca había conocido” una huelga indefinida de unos servidores públicos que “hemos contribuido lealmente a la consolidación de la legalidad democrática en nuestro país, trabajando lealmente al servicio de la ciudadanía, y cumpliendo con rigor y diligencia los cometidos legales y reglamentarios asignados”.

Por ello, explicaron el contexto en el cual se enmarca esta huelga, remontando el origen de la misma a la aprobación de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, que “modificó radicalmente el ordenamiento jurídico español”, al conferirles más de 300 nuevas funciones, cuya asunción vendría acompañada por el consiguiente incremento salarial, que los distintos gobiernos aplazaron por la situación provocada por la crisis económica.

En ese sentido, tras más de una década de “aplazamiento de la adecuación salarial” a sus nuevas funciones, y luego del incumplimiento del “acuerdo de mínimos” alcanzado con la ministra de Justicia, Pilar Llop, decidieron convocar esta huelga indefinida.

Los letrados de Justicia señalaron que ha tratado evitarla “por todos los medios”, por lo que se disculparon ante todos los abogados, procuradores, graduados sociales, abogados del Estado, jueces, fiscales y ciudadanos, “por la adopción de la medida más extrema en el marco de un conflicto colectivo (la huelga indefinida) y por las consecuencias que ello tendrá”.

Por último, reseñaron que las quejas, “legítimas y justas”, de todos los afectados por esta huelga “sólo pueden dirigirse a una dirección”, la del Ministerio de Justicia.