Jaime Ollero, fiscal jefe de Cádiz, fue acusado días atrás, en un informe del defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, de bloquear la tramitación de una denuncia, presentada a finales de 1988, sobre la supuesta corrupción de agentes policiales de Algeciras.

En la reunión que hoy mantuvieron en Madrid Leopoldo Torres y Jaime Ollero para examinar las reclamaciones efectuadas por el defensor del pueblo, la Fiscalía General dl Estado decidió que la Inspección Fiscal elabore, con carácter urgente, un informe en la Fiscalía de Cádiz, cuyo objetivo será analizar las posibles irregularidades en la tramitación del citado expediente.

El propio Jaime Ollero se encargará de hacer un informe complementario, que permita a la Fiscalía General del Estado tener elementos de juicio suficientes para poder manifestar su opinión "en el plazo más breve posible", dijo Leopoldo Torres.

El caso de la supuesta corrupción policial se remona a finales de 1988, fecha en la que varios detenidos marroquíes presentaron denuncia contra varios policías de Algeciras, a quienes acusaron de quedarse con dinero y droga.

Según el defensor del pueblo, esta denuncia fue bloqueada por la Fiscalía de Cádiz, que tardó más de 20 meses en iniciar la su tramitración.

Ollero, por su parte, negó radicalmente el pasado lunes este supuesto bloqueo y afirmó: "De ningún modo se nos puede acusar de pasividad, ya que en gran parte gracias a la labor de esta iscalía hay ahora mismo un total de 20 policías detenidos; por tanto, la fiscalía está desde primera hora interviniendo".