Así lo manifestó Storch de Gracia y Asensio a la hora de compilar las conclusiones de la jornada "El uso y reconocimiento de la lengua de señas y sus consecuencias jurídicas", de los cursos de la Complutense en El Escorial. Es más, explicó que a través de los artículos 33 y 9.2 de la Constitución Española se puede llegar a dar "efectividad" al uso y reconocimiento de la lengua de signos en parcelas como la educación y la justicia, entre otras, es decir, en los ámbitos en los que se "ejercen los derechos fundamentales".

Asimismo, Storch de Gracia y Asensio, que ha ejercido de secretario de este curso de verano, insistió en que las personas sordas, y especialmente el propio movimiento asociativo sordo, son las responsables y las que tienen que trabajar para que se recoozca la oficialidad de la lengua de signos.

Eso sí, el secretario del curso instó al movimiento asociativo sordo a abandonar la "cultura de la queja", ya que en su opinión, esta actitud es "negativa" y no contribuye a conseguir tan anelado derecho.

"La cultura de la queja", matizó, "que por desgracia práctica el movimiento asociativo provoca una quasi-institucionalización de la Comunidad sorda, que unida a esa concepción antropológico-cultural del colectivo sordo, da lugar al ghetto y eso es muy eligroso".

Por ello, el catedrático de Derecho Civil abogó porque el colectivo sordo inicie medidas de acción positivas, como por ejemplo, agotar todas las fases administrativas y jurídicas para conseguir la oficialidad de la lengua de signos, en vez de recurrir a las "discriminaciones positivas", ya que éstas "implican de antemano considerar inferior al que reclama la medida".

Por su lado, el viceconsejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Jose María Alonso Seco, que se encargó declausurar la jornada, consideró primordial que las personas sordas "reconozcan su dificultad comunicativa", en vez de "automarginarse", para conseguir su plena integración en la sociedad.

Igualmente, Alonso Seco instó a la sociedad en general a abrirse y sensibilizarse con las personas sordas, es decir, "reconocer que hay gente a nuestro lado que vive con problemas que afectan a sus derechos fundamentales", y de este modo, a través de la comprensión de la ciudadanía se dará un paso más para conseguir a integración de dicho colectivo.

En definitiva, el reconocimiento oficial de la lengua de signos salvaguardaría las dificultades comunicativas que tienen las personas sordas, y permitiría, una plena integración de dicho colectivo en la sociedad ya que podrían acceder a la educación, información, cultura, entre otros derechos fundamentales, a través de la única lengua con la que pueden comunicarse, "la lengua de signos".