"No es posible", dijo, "en una sociedad como la española o como cualquiera en Europa, asumir unos gastos de tal naturaleza, que vienen directament de los impuestos de todos los ciudadanos".

Leguina, que hoy clausuró una conferencia sobre medio ambiente organizada por la Federación Socialista Madrileña en la Casa de Campo, manifestó a un grupo de periodistas que el sistema económico español "estaba hecho sobre una hipótesis que ha fallado, y es razonable que se cambie".

A su juicio, "la situación era insostenible. Quizás la gente normal y corriente no sabía lo que estaba pasando, pero la situación a partir del último trimestre de 1991 era eplosiva e insostenible; por lo tanto, algo había que hacer".

Sin embargo, declaró que, en líneas generales, está de acuerdo con el decreto ley, por considerar que puede promover la creación de empleos fijos.

Respecto a la reducción de la cuantía de las percepciones, Leguina indicó que éste y otros aspectos pueden ser modificados en los trámites parlamentarios por los que deberá pasar la polémica norma.

No obstante, advirtió que algunos de los conceptos que incluye el "decretazo" son "difícilente consensuables" con los sindicatos, al tiempo que afirmó que tampoco los empresarios "están contentos, porque aquí lo que se había producido es una connivencia clara entre ciertos empresarios y ciertos trabajadores".

"¿Es razonable", preguntó, "que una persona que cuando está trabajando gana 135.000 pesetas cuando deja de trabajar gane más? ¿Es normal? Eso estaba ocurriendo con el sistema anterior".

Para el presidente de la comunidad madrileña, "aquí se había hecho una apuesta excesivamente otimista, según la cual la precariedad en el empleo, los empleos temporales, devendrían en el tiempo en empleos fijos y se ha demostrado que esa hipótesis es absolutamente equivocada, por lo que hay que cambiarla".

Finalmente, Leguina negó que Izquierda Unida le haya pedido que apoye un documento contrario al decreto ley y explicó que el escrito hace referencia a los problemas que la convergencia puede acarrear al sistema financiero de la Comunidad de Madrid.