A su juicio, la homologación de la Administración española con las comunitarias exige "completar las infraestructuras, que los trenes salgan y lleguen a la hora, que los aeropuertos funcionen, con o sin niebla, que los terrenos industriales bajen de precio y que se reduzca la maraña burocrática que entorpece el desarrollo de las empresas".

Exigió también que la actuación del sector público "sea previsible", lo que debe traducirse en "que las leyes fiscales no cambien cada año y qe el Estado pague puntualmente a sus acreedores".

Leal, que intervino en las jornadas sobre "La empresa española ante la coyuntura de 1992", afirmó que el déficit público es el principal responsable de que los tipos de interés españoles sean más altos que los europeos, ya que la política monetaria aplicada para financiarlo encarece el precio del dinero.

Agregó que los coeficientes impuestos por el Estado a la banca, y que no desaparecerán hasta más allá del año 2.000, harán que los tipos de inters españoles superen en 1,5 puntos a los de la CE, aunque las inflaciones se igualen.

Leal se mostró convencido de que es necesario un compromiso social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para evitar que los desequilibrios de la economía española impidan la convergencia con los países más desarrollados de la CE.

Con ese fin, juzgó igualmente necesaria la moderación de salarios y de los beneficios. Añadió que la moderación de los beneficios está garantizada por el menor ritmo de crecimento de la actividad y advirtió que, si no se produce la de los sueldos, las empresas ajustarán sus costes laborales reduciendo el empleo.

El presidente de la AEB aseguró que los empresarios están dispuestos al compromiso "mientras que los sindicatos dudan y el Estado permanece en silencio ante un desafío del que depende el bienestar de los españoles".

A su juicio, el compromiso beneficiaría a todos, ya que su ausencia perjudicará la competitividad de las empresas, aumentará el paro entre los traajadores y dificultará la financiación del déficit público, al reducirse la ventaja comparativa de invertir en deuda española.