Consideran que esta autorización "abre la veda" para que otras comunidades autónomas permitan la apertura de nuevas facultades de Medicina, tanto públicas como privadas, con lo que se romperá el equilibrio entre oferta de plazas y demanda del mercado laboral existente desde hace años y pactado con los ministerios de Educación y Sanidad, que limita el número de alumnos a unestudiante por cada 10.000 habitantes.

Así lo señalaron en rueda de prensa el presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, José Paz Bouza; el presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de Medicina, Fernando Rivas, y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Angel Nogales.

El origen del malestar nace por el visto bueno que ha dado el Gobierno regional madrileño a la Universidad San Pablo-CEU a crear una licenciatura de Medicina dentro d su Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud.

Esa decisión lleva aparejada además que los 50 alumnos de Medicina que hasta ahora tenía esta institución privada como centro adscrito a la Complutense pasan a depender exclusivamente de la San Pablo-CEU en perjuicio de la universidad pública.

Estos cambios se han publicado en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid los pasados 16 y 17 de julio, cuando el curso ya está acabado, y con el añadido de que han sido ordenados por un Gobierno e funciones. "Lo han hecho de forma sorpresiva y mediante hechos consumados", indicó Paz Bouza.

El portavoz de los decanos aseguró que se ha abierto el grifo y ahora otras autonomías estarán legitimadas a tomar una medida análoga. Ahora mismo existen 26 facultades públicas de Medicina y sólo una privada, la de la Universidad de Navarra.

A ANA PASTOR

En el caso de la San Pablo-CEU se da la circunstancia además de que sus futuros médicos podrán hacer prácticas en tres centros de salud de la Comuniad de Madrid y en el Hospital de la Defensa.

"No es de recibo que se utilicen recursos públicos para la universidad privada, cuando deberían usarse para la formación de alumnos de la enseñanza pública", señaló Paz Bouza.

El decano explicó que el viernes pasado trasladó personalmente a la ministra de Sanidad, Ana Pastor, su preocupación por esta situación, y la respuesta que encontró fue que son las Administraciones regionales, no el Gobierno central, las que tienen competencia en la autorización ara poner en marcha nuevas licenciaturas.

Sin embargo, Paz Bouza recordó que es el Consejo de Coordinación Universitaria el que debe dar su última palabra y en el caso de la San Pablo-CEU, ésta no ha existido.

Añadió que ahora con el curso terminado no se puede constatar bien el malestar creado, pero cuando comiencen en septiembre las clases, "las facultades de Medicina seguro que pondrán el grito en el cielo".

El portavoz de los alumnos afirmó que el agravio creado es "intolerable" y represnta "un ataque directo" a los alumnos de la educación pública, porque se favorecen "los intereses privados".