De esta forma, el departamento que dirige Borrell reduce las cifras aparecidas en prensa, según las cuales unos dos millones de pisos se verían afectados en 10 años por la actualización de los alquileres con prórroga forzosa.

El miniserio señaló que actualmente, según los últimos censos, sólo hay unas 800.000 viviendas con contratos de renta antigua, frente a un parque de viviendas en alquiler de 1,7 millones.

"De esos 800.000 inquilinos, unos 200.000 perciben ingresos superiores a 2,8 millones de pesetas al año y serán a los que se les pueda aplicar el mecanismo de actualización de la renta que contempla el anteproyecto", afirma la nota.

Obras Públicas indica que a los 600.000 restantes, que perciben ingresos inferiores, se es aplicaría sólo el incremento del IPC anual, y recuerda que la norma también contempla que los inquilinos de renta antigua pueden mantener sus contratos invariables durante diez años, improrrogables después de ese periodo.