Así lo explicó hoy en el Congreso de los Diputados la nueva secretaria de Estado de Medioambiente y Vivienda, Cristina Narbona, que hizo un llamamiento al Gobierno para que apruebe el proyecto de ley lo antes posible, debido al notable retraso que tiene ya acumulado.

Narbona, qe explicó en la Comisión de Infraestructuras de la Cámara el presupuesto de su departamento dijo que el nuevo borrador lleva varias semanas en la Comisión de Subsecretarios, paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros y que en el texto "se han recogido buena parte de las reflexiones expuestas por los grupos políticos y los agentes afectados durante su anterior tramitación en el Parlamento".

Una de estas modificaciones, explicó, es fruto de una sugerencia del Ministerio de Justicia y hace rferenacia a la posibilidad de que puedan resolverse por "paquetes", de forma acumulada, los conflictos en materia de contrato de alquiler que hacen referencia a deshaucios e impagados.

Con esta medida, según Narbona, será posible que muchas viviendas pendientes de resolución de un conflicto puedan acogerse a la nueva regulación legal antes de lo previsto. También dijo que otra modificación es la que permitirá que los comercios de renta antigua con menos de cinco trabajadores podrán prolongar la cancelción de sus contratos de alquiler, pero no concretó cuánto tiempo más.

POLEMICA DEL SUELO

Asimismo, Narbona anunció la inminente creación de un comité de expertos en el que estará el presidente del Tribunal de la Competencia, Miguel Angel Fernández Ordóñez, para analizar las posibilidades de liberalización del mercado del suelo en España.

La responsable de la política de Vivienda dijo que su creación "es cuestión de pocas semanas" y que el Ministro tiene ya sobre la mesa un documento para regulr su configuración con una propuesta de unos quince miembros, en representación de todas las tendencias que ene el debate sobre la liberación del suelo, abierto por Carlos Solchaga y José Borrell, se han suscitado.

Según Narbona, en el comité estará la Administración, personajes independientes del mundo académico y, sobre todo, miembros que defiendan tanto la plena liberalización del mercado del suelo que mantenía Solchaga, como el papel de contrtol que realiza el Estado en esta materia que defiende s departamento con José Borrell a la cabeza.

Además explicó que la creación de este comité coincide con la recomendacxión del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre liberalización del sector servicios, en el que se reconocen las excesivas trabas administrativas que alaragan y encarecen el proceso de construcción de viviendas, al tiempio que advierte de la elevada complejidad del mercado del suelo y su liberalización.

Cristina Narbona aprovechó su comparecencia para explicar las excelencias de nuevo plan de vivienda, al frente del cual estuvo durante la anterior legislatura y dijo que los buenos resultados obtenidos con la demanda de préstamos por las entidades financieras a obligado a elevar los compromisos de bancos y cajas para la concesión de créditos hasta 730.000 millones de pesetas, frente a los 560.000 inicialmente firmados para el año 93.

También dijo que en lo que va de año se han autorizado créditos por importe de 400.000 millones y que se están manteniendo reuniones con los resonsables de Viviendad de las Comunidades Autonómas para revisar las cifras del Plan antes de finales de mes.

A su vez, explicó que los resultados de las actuaciones de suelo dentro del Plan 1992-1995 están siendo desiguales, y citó los casos de Valencia, donde las calificaciones y financiaciones están por encima del cien por cien de los objetivos que se habían fijado para este año, y el de Madrid en donde dijo que se está en los niveles más bajos de cumplimiento.

El limitado desarrollo de las actaciones de suelo en madrid, explicó, se deben a la escasa ejecución del "Plan 18.000" del Ayuntamiento, con un 60 por cien del suelo comprometido que aún está pendiente de que el Consistorio adquiera su titularidad, y a la crisis de la PSV, que concentra el 70 por cien de las iniciativas de suelo en la región.

Otros proyectos anunciados fueron la creación de una comisión interministerial de coordinación de la política de Medioambiente y un consejo asesorcon la presencia de organizaciones ecologistas yciudadanas asi como un presupuesto de 2.000 millones de pesetas para crear dos centros de trateamiento de residuos sólidos urbanos e industriales en apoyo de las políticas de las Comunidades Autónomas en esta materia.