El pasado mes de junio, Argote presentó ante el Supremo un recurso de casación contra el auto por el que la Audiencia Nacional rechazó todos los argumentos de las defensas contra la aperura del juicio oral por el caso "Lasa y Zabala".

En su escrito, Argote señala que el caso debe ser juzgado en Alicante porque es en ésta provincia en donde se encontraron los cadáveres de Lasa y Zabala.

Asimismo, el letrado argumenta que no se ha podido demostrar que Lasa y Zabala fueran detenidos en Francia, ni que se trate de un asunto de terrorismo, razones por las que el caso se encuentra en la Audiencia Nacional.

Para Argote, el de Lasa y Zabala es un simple caso común de asesinato, "y a competencia para conocer y fallar el delito de asesinato viene determinado por el lugar donde se han encontrado las pruebas materiales de los delitos, o sea, Alicante".

Además, agrega que "la supuesta detención ilegal de los señores Lasa y Zabala no es más que una acusación (...) sin base material alguna". En este sentido, recuerda el testimonio de un ciudadano francés, quien ha declarado que vio a Lasa y Zabala en un coche conducido por uno de ellos diez días después de que hubiesen sido secuestrads.

Para este abogado, no se puede decir que el "caso Lasa y Zabala" sea un asunto de terrorismo, que, por definición, persigue "infundir terror e inseguridad a todos los niveles, de forma indiscriminada y con incidencia en todo el conjunto social".

Sobre este particular, Argote recuerda que en el "caso Marey" no hubo condenas por pertenencia a banda armada cuando el empresario francés fue supuestamente secuestrado por los GAL.

Por último, Argote considera que las acusaciones formuladas en el"caso Lasa y Zabala" contra todos los procesados "se han producido de una manera artificial para crear una apariencia de competencia a favor de la Audiencia Nacional".

Por su parte, el fiscal sostiene que, siguiendo órdenes de Enrique Rodríguez Galindo y Angel Vaquero, los entonces guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo secuestraron en Bayona a Lasa y Zabala, para llevarles al cuartel donostiarra de Intxaurrondo, en donde fueron torturados durante tres días. Posteriormente, ante el lamentable etado físico en que estaban los dos presuntos etarras, decidieron trasladarlos a Alicante para hacerlos desaparecer allí.