El juez que instruye el caso, Javier Gómez de Liaño, dispone de un informe que detalla los gastos de teléfono, luz y agua que se consumieron los meses de octubre y noviembre de 1983, periodo en el que el magistrado sitúa los crímenes.

El informe refleja que el gasto de teléfono fue prácticamente el doble que en los meses anteriores, cuando el Palacio de la Cumbre permaneció desocupado y el contador de teléfono señalab la cuota mínima de llamadas. El consumo de agua y luz también resultó superior al de meses precedentes.

Este informe apoya la versión de que durante los meses citados hubo actividad en el Palacio de la Cumbre, como afirman los 'arrepentidos' de este caso.