Belloch comparecerá ante los grupos parlamentarios para explicar las medidas adoptadas por su departamento para esclarecer el caso y reiterará su disposición a colaborar en todo lo posible con la Justicia.

Sin embargo, según fuentes del ministerio, se negará a ofrecer datos concretos sobre las pequisas policiales puesto que la investigación sigue en marcha y está bajo la supervisión de la juez número 2 de Alicante, Carmen Menarguez.

El ministro no tiene en su poder datos concluyentes sobre la autoría de los asesinatos y por tanto espera un debate político "duro" en el que arreciarán las críticas de la oposición.

Belloch se ha visto obligado a comparecer ante el Congreso antes de que esté concluida la investigación de los hechos por las insistentes críticas de la oposición que le acusaba e intentar retrasar su presencia en la Cámara Baja hasta después de las elecciones municipales por intereses electoralistas.

Según confirmaron a Servimedia fuentes de Interior, el informe remitido la pasada semana a la juez por la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, no achaca a los GAL la muerte de ambos jóvenes ocurrida en 1983.

Las citadas fuentes aseguraron que en ese informe no figura conclusión alguna extraida de las pesquisas realizadas por el comisario general de Policía Juicial, Enrique de Federico, y por el general de la Guardia Civil, Francisco Fuentes, encargados de la investigación.

Por el momento no se ha producido ninguna detención en relación al `caso Lasa y Zabala' y las fuentes consultadas descartan la posible implicación de algún miembro de la Guardia Civil destinado en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo en el secuesto y muerte de los dos etarras.

Hasta el momento, Interior no tiene más que "sospechas, indicios y vías de investigación, pero no prueba concluyentes de la culpabilidad de nadie", indicó una fuente solvente a esta agencia.

El hecho de que Interior no considere por el momento la muerte de Lasa y Zabala como producto de la actuación de una banda terrorista organizada ha decidido a la secretaria de Estado a enviar los resultados de la investigación a la jueza de Alicante y no la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial competente en el esclarecimiento de la actividad de bandas armadas.