Liaño considera probado que ambos, junto con los guardias civiles Enrique Dorado Villalobos, Felipe Bayo y Angel Vaquero, sin descartar otras personas, "son indiciariamente culpables de formar un grupo que, por su objetivos, estructura claramente jerárquica, medios, vocación de permanencia y, naturalmente, armado, es constitutivo del delito de pertenencia a banda armada".

Apunta que una de las ramificaciones de los llamados GAL "estaba constitída por un número reducido e indeterminado de guardias civiles (...) dirigidos por el entonces comandante y hoy general Enrique Rodríguez Galindo", junto al que estaban el capitán Vaquero, los agentes Bayo y Dorado Villalobos y "en justa proporción a su cargo, José Julián Elgorriaga, a la sazón gobernador civil de Guipúzcoa".

El juez insiste en que se consituyó una banda armada, dirigida por Galindo, que buscó argumentos y utilizó métodos para combatir el terrorismo "con la fuerza mejor que con la ley, e incluso que se dió a sus actuaciones "la apariencia de un servicio público", que constituirían a largo plazo "un bien para el país".

Sobre la supuesta participación en estos hechos del ex secretario de Estado para la seguridad Rafael Vera, el juez apunta que "las investigaciones sí permitirían incluir" a Vera en el delito de banda armada, puesto que el fiscal consideró en su día que era quien daba el "visto bueno" a las actuaciones.

No obstante, a la vista de que Vera está procesado en el sumrio del "caso Marey" por pertenencia a banda armada, y existe una solicitud firme de pena por parte del fiscal, Liaño decidió no ampliar el procesamiento contra él.

Además, respecto al capitán Angel Vaquero, el juez considera fiable la declaración del ex agente de Inxtaurrondo, Felipe Bayo, quien le citó en todas sus comparecencias como uno de los hombres clave, por lo que Liaño le procesa, además de por pertenencia a banda armada, por detención ilegal, torturas y asesinato.

Este auto de Gómez deLiaño es el paso previo a la apertura del juicio oral. Con los nuevos procesamientos, los supuestos responsables de hechos delictivos que acabaron con la vida de Lasa y Zabala podrían enfrentarse a solicitudes de hasta 100 años de prisión para alguno de ellos.

LA "ERRATA" DE BARRIONUEVO

Liaño se refiere en su auto a las contradicciones en la declaración del ex ministro del Interior José Barrionuevo, a quien recientemente tomó declaración en el Congreso de los Diputados. El ex ministro, en su libro "001 días en Interior" señala que conoció el secuestro de Lasa y Zabala al menos cuatro días antes de que este hecho trascendiera a la opinión pública.

En su testimonio ante el juez, Barrionuevo dijo que esto era un error y se trató de una "errata" en la imprenta que editó su libro, y que sería corregido en próximas ediciones.

Liaño dice que Barrionuevo "no logró que la verdad se evaporase, pese al gesto, comprensible por su situación procesal, de empeñar su palabra con la coartada de unas erratasde imprenta no detectadas".

En el mismo sentido, el juez critica la pretensión del ex gobernador civil de Guipúzcoa Ramón Goñi Tirapu de no reconocer una cinta con su voz durante un careo con Felipe Bayo en el que éste último, según el juez, "aplastó" a su careado.

Así, según apuntó a Servimedia el fiscal del caso, Jesús Santos, se esperará al acto del juicio oral para ver si tanto Barrionuevo como Goñi Tirapu, en su declaración como testigos, ratifican lo dicho, en cuyo caso, podría deducirse faso testimonio contra ellos.

TERRIBLE RELATO DE LOS HECHOS

El juez considera probado que Lasa y Zabala fueron secuestrados en Bayona y conducidos a Inxtaurrondo (Guipúzcoa), donde fueron sometidos a torturas durante los interrogatorios que duraron tres días.

Entonces, "ante el lamentable estado físico de los dos jóvenes, consecuencia de los suplicios", Rodríguez Galindo decidió que fueran trasladados hasta Alicante "donde se les haría desaparecer".

Fueron conducidos hasta un paraje ubicado n el término municipal de Busot dentro del maletro de Renault-12, propiedad del sargento Dorado. Una vez allí "los desnudan de cuerpo entero y únicamente les dejan las vendas y apósitos que rodeaban sus tobillos, tapaban sus ojos, amordazaban sus bocas y cubrían sus llagas y heridas".

Los dos etarras fueron situados frente a una fosa, previamente cavada y, ante la presencia de sus compañeros, el sargento Enrique Dorado Villalobos "efectúa tres disparos de arma de fuego". El primero fue sobre la cabezade Lasa y los otros dos sobre la de Zabala, que murieron en el acto. Los cuerpos fueron enterrados y cubiertos con cal viva para hacer desaparecer los restos.

El asesinato fue reivindicado por los GAL mediante llamada telefónica a la Cadena Ser de Alicante. Un año después, un cazador de la zona descubrió restos de huesos humanos, algunos dentro de un hoyo y otros "esparcidos por la acción de las alimañas".

Diez años después, las pruebas científicas confirmaron que estos restos correspondían a losasesinados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.