El diputado de la coalición de izquierdas Willy Meyer considera que los acontecimientos que motivaron la suspensión del comienzo del juicio son "el último episodio de una progresiva obstaculización de la inestigación de uno de los crímenes más terribles cometido por el aparato del Estado, por parte de personas vinculadas con el Estado".

Meyer pide al Ejecutivo que explique qué autoridad de la prisión militar autorizó el traslado al tribunal de Bayo en "ropas menores y sedado", quién dio la orden de administrarle tranquilizantes y si esas personas conocían su condición de acusado y testigo en el "caso Lasa-Zabala".

Asimismo, IU quiere que el Ejecutivo se pronuncie sobre si la sedación continuada deltestigo puede tener como objetivo "obstaculizar el proceso y evitar su testimonio".

IU considera que el Gobierno es "el responsable de la seguridad y la integridad de un testigo de esta naturaleza" y entiende que la institución militar en la que cumple condena no garantiza las condiciones de seguridad suficientes para impedir que se "tuerza su testimonio".

"Nos parece absolutamente indigno que este ciudadanos fuera en las condiciones que fue a declarar al juzgado y creemos que esto es un escándal sobre el que alguien tendrá que rendir cuentas", concluyó.