La Fiscalía dijo a esta agencia que el Gobierno sólo da al fiscal general, Carlos Granados, criterios generales de actuación pero nunca interviene en las decisiones o recomendaciones particulares que debe hacer en el desempeño de su función.

Esta afirmación desmiente la acusaciones hechas por el diputado de IU, Antonio Romero, quién aseguró ayer que Robles se había puesto en contacto con el fiscal de Alicante, Ricard Cabedo, con la intención de presionarle para que el caso Lasa y Zabala se quede en los tribunales alicantinos y no pase a la Audiencia Nacional.

La juez Menárguez no se ha inhibido del caso, a pesar de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, tiene en sus manos la parte del sumario correspondiente a la desaparición de los dos etarras e Francia, competencia de la Audiencia porque se trata de un acto delictivo cometido fuera de las fronteras españolas.

Tanto Interior como el fiscal general son contrarios a que el sumario de la investigación sobre Lasa y Zabala se divida en dos partes, una instruida por la Audiencia Nacional sobre el secuestro en Francia de los dos etarras y otro del que se encargaría la juez Menárguez sobre el asesinato de los jóvenes, presuntamente ocurrido en territorio español.