LASA-ZABALA. ELGORRIAGA SE NIEGA A DECLARAR ANTE LIAÑO Y LE ACUSA DE "GENUFLEXO, LACAYO Y SEVIL"
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Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa, se acogió hoy a su derecho de no declarar ante el juez que instruye el "caso Lasa-Zabala", Javier Gómez de Liaño, a quien acusó de no ser imparcial y de dilatar la instrucción de dicho sumario para quebrantar la voluntad de los encarcelados.
A su entrada en la Audiencia Nacional, Jorge Argote, abogado de Elgorriaga, hizo pública una declaración que éste iba a presentar ante Gómez de Liaño. En el escrito, el ex gbernador civil de Guipúzcoa asegura que se ha querellado contra el juez ante el Tribunal Supremo.
Afirma que Mariano Gómez de Liaño, hermano del magistrado; el ex presidente de Banesto Mario Conde, y otras personas pretendieron chantajear al Gobierno con información que tenían en su poder.
Al no conseguirlo, Javier Gómez de Liaño actúa, según Elgorriaga, como "instrumento de la venganza por no haber cedido a las amenazas". "Creo que usted accedió a este juzgado con esa finalidad", puntualiza el e gobernador civil de Guipúzcoa.
Finalmente, el escrito parafrasea al propio Gómez de Liaño, al indicar que "se trata de un juez genuflexo, lacayo y servil, al servicio de intereses familiares y de otro tipo".
CENA CON VERA
La vista de esta mañana duró aproximadamente quince minutos, dada la negativa de Elgorriaga a declarar. No obstante, el fiscal le preguntó si había cenado con el ex secretario para la Seguridad del Estado Rafael Vera, en octubre de 1986, en el hotel Costa Vasca para hablar de secuestro de Lasa y Zabala.
Según la declaración del ex guardia civil de Intxaurrondo Felipe Bayo, también habría estado presente el general Enrique Rodríguez Galindo.
Además, el fiscal preguntó a Elgorriaga si había comunicado a sus superiores el secuestro de los dos etarras y si había estado en el Palacio de la Cumbre.
Gómez de Liaño no ha eximido a Julen Elgorriaga ni de la fianza de 25 millones de pesetas que hubo de depositar para abandonar la prisión ni de comparecer cada quince días nte la Guardia Civil o cualquier dependencia judicial.
(SERVIMEDIA)
07 Oct 1997
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