Las recientes declaraciones del otro agente inculpado en el caso, Felipe Bayo, en el que acusaba al general de la Guardia Civil, EnriqueRodríguez Galindo de haber contratado mercenarios que habrían participado en el secuestro y asesinato de los etarras Lasa y Zabala, han obligado al instructor del caso a iniciar los nuevos interrogatorios y a levantar el secreto sumarial decretado el pasado 8 de agosto.

En declaraciones a Servimedia, Bayo exculpó del "caso Lasa-Zabala" a guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), y citó como "verdaderos responsables" al general Rodríguez Galindo, al ex secretario de Estado, Rafael Vra y a Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipuzcoa.

Bayo afirmó que nunca había existido un "GAL verde" y tan sólo un "GAL-indo, (en referencia al general de la Guardia Civil), supervisado por el gobernador civil de la provincia y por sus superiores políticos".

DIFERENCIAS BAYO/DORADO

Bayo aseguró, en una entrevista concedida a Servimedia, que "se nos prometió que el indulto estaba garantizado por Felipe González", en relación a la posibilidad de que tanto él, como su compañero de Intxaurond,o Enrique Dorado Villalobos, guardaran silencio sobre lo que sabían respecto a la desaparición y muerte de los etarras Lasa y Zabala.

Según el ex agente, a pesar de estas promesas, ha decidido colaborar con la justicia "para que se sepa quienes son los verdaderos responsables de lo sucedido", mientras que, al parecer, Dorado Villalobos mantendrá su posición de silencio.

Bayo aseguró que Dorado y él eran "simples peones", e implicó directamente a Rafael Vera y al ex ministro del Interior JoséBarrionuevo, aunque "no solamente estas dos personas conocían, dirigían y financiaban los GAL, sino también el ex presidente del Gobierno y algún otro ministro".

Mañana, el juez Gomez de Liaño tomará declaración al ex guardia civil Enrique Dorado Villalobos. Antes, el instructor deberá decidir si acepta o rechaza la acusación popular, representada por José Bouzas, en la que éste planteaba la posibilidad de que Mario Conde y sus colaboradores declararan como imputados en el caso Lasa-Zabala.

Todo arece indicar que Gómez de Liaño no aceptará esta pretensión de José Bouzas y que seguirá las instrucciones de la Fiscalía en la que se calificaba de tener "mala fe procesal", el auto del letrado de la acusación popular, por lo que planteba incluso la opción de que esta acusación fuera retirada del caso Lasa-Zabala.