En un escrito al que ha tenido acceso Servimedia, Argote alega que los documentos hallados en el despacho del que fue instructor del sumario, el ex juez Javier Gómez de Liaño, y que no estaban unidos a la causa "pone de manifiesto que la tramitación del sumario se ha realizado con heterodoxia, de manra inquisitorial y sin garantías de tipo alguno", entre otras cosas.

Tras enumerar una serie de actuaciones judiciales por parte de Gómez de Liaño que no han hecho, a su juicio, más que provocar indefensión en los inculpados, Argote sostiene que "por principio y por definición, este sumario, instruido por un juez parcial, no puede dar lugar a un juicio justo y con garantías".

Asimismo, asegura que tiene la "legítima y fundada sospecha de que aún existen papeles sumariales en lugares desconocidos,fuera del control de la sala y de las defensas", y que podrían ser "esenciales" para los defensores de los procesados.

Por esta razón, Argote pide que se abra una investigación para averiguar "la verdad de cómo se tramitó este sumario, de cuáles fueron las actuaciones reales del instructor", a quien acusa de haber cometido "notables y graves irregularidades" durante la investigación y de haber trabajado en el caso por "motivaciones extraprocesales".

Para Argote, no hay que olvidar que en este cas "existen unos seres humanos, con sus familias, los justiciables, que, inocentes o culpables, han sido y son mecidos como hojas indefensas al viento por fuerzas muy superiores, por enormes poderes que han actuado e influido en este proceso, desde fuera y desde dentro, en defensa de intereses que les son propios, pero que son ajenos a la justicia".

A su juicio, es necesario anular la conclusión del sumario, así como la instrucción de la causa, con el fin de "reparar lo mal hecho" y de restablecer el eqilibrio en el proceso.