El recurso ordinario interpuesto por la Consejería de Inustria de Castilla-La Mancha, tras recibir hoy el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Junta, responde "a los efectos discriminatorios y lesivos que plantea esta resolución a la factoría que la empresa tiene en Manzanares, y que supone la suspensión de 93 contratos de trabajo de la planta".

Según un comunicado hecho público por la Oficina del Portavoz, entre los argumentos esgrimidos por la Consejería de Industria para presentar el recurso figura "el incumplimiento de trámites preceptivos, como l audiencia previa al Gobierno de Castilla-La Mancha".

Asimismo, la Junta de Castilla-La Mancha considera que la resolución de la Dirección General de Trabajo "contraviene lo pactado colectivamente con los representantes de los trabajadores, y no concurren causas tecnológicas o económicas que justifiquen la suspensión de contratos".

Además, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, "la resolución es discriminatoria hacia las plantas de Santana ubicadas fuera del territorio andaluz, ya que da una repuesta puntual para las factorías de Linares y La Carolina, sobre las que tiene competencia la Junta de Andalucía".

Finalmente, el Ejecutivo castellano-manchego argumenta que el plan de la Junta de Andalucía "no responde a la problemática de Santana en su conjunto ni da satisfacción a comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, que no tienen dichas competencias".