Laborda, que presentará una interpelación al Gobierno para que concrete esosacuerdos desde el punto de vista jurídico y presupuestario, explicará que un aumento de la corresponsabilidad fiscal debe llevar aparejado un pacto para evitar que esa corresponsabilidad se convierta en una especie de contrarreforma fiscal.

En declaraciones a Servimedia, el jefe de los socialistas en la Cámara Alta insistió en el riesgo de que se produzca una "guerra de rebajas de tarifas y de deducciones", en la que los grandes contribuyentes pueden jugar con la existencia de 15 ó 17 declaraciones esecíficas de la renta, que puedan enfrentar a unas comunidades con otras.

"Tenemos que hacer un esfuerzo", aclaró, "para que ese principio en el que estamos de acuerdo, el de la corresponsabilidad, no produzca efectos perversos, ni retrocesos en el sentido de que el esfuerzo fiscal que cada ciudadano hace tiene que ser igual, sea cual sea la cantidad de renta que uno ingrese".

Para apoyar sus argumentaciones, el portavoz socialista se cuidó de manifestar que en un principio la corresponsabilidad fscal no es inconstitucional, aunque advirtió que un desarrollo inadecuado sí podría serlo.

Respecto al contenido de su interpelación de mañana, Laborda subrayó que la intención de su grupo es ofrecer al Gobierno su disposición a aceptar los puntos de pacto apuntados por José María Aznar en el discurso de investidura, en concreto los relativos a la financiación y al desarrollo de los acuerdos autonómicos de 1992.

ESCEPTICO

Laborda se mostró escéptico sobre la poibilidad de que el Ejecutivo puedaevaluar el coste del nuevo sistema de financiación pactado con los nacionalistas y comentó con ironía que en este punto ha sometido su curiosidad a un tratamiento previo antidepresivo.

A su modo de ver, la mejor manera de llegar al Consejo de Política Fiscal y Financiera con unas propuestas que "esquiven" algunos de los grandes problemas detectados por los socialistas en los pactos entre el PP y los nacionalistas es que en el Senado, a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas, se intentecristalizar el desarrollo de esos acuerdos.

Laborda dijo que el consenso entre los grupos debe ser unánime porque un rechazo del nuevo sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal produciría unos efectos "bien distintos" a la oposición que tuvo en 1993 la cesión del 15 por ciento del IRPF.

"Entonces", precisó, "ese rechazo no produjo una alteración general del sistema, mientras que aquí bastará con que una sola comunidad se negara a legislar en la parte que le corresponde de la declarción de la renta autonómica para que ella tuviera la capacidad, no escrita pero fáctica, de bloquear todo el sistema".

El portavoz del PSOE en el Senado destacó que ahora el consenso no es solamente un principio de conveniencia política, sino una necesidad del propio sistema para que éste pueda funcionar. "No puede aceptarse que más autonomía signifique menos Estado del bienestar o que más suficiencia financiera produca un incremento de las desigualdades territoriales", concluyó.