A su juicio, "esta participación del ACNUR a nivel de preparación de los expedientes es benéfico para el Gobierno, que tiene poca experiencia con los refugiados y hay muy pocos, y para el ACNUR, pero no creo que sea definitiva ni eterna. Es una contribución provisional hasta que un día España tenga organizaciones no gubernamentales que puedan hacer este trabajo".

"Yo sé ue la constitucionalidad de la ley está siendo cuestionada", afirmó Da Cunha, "pero no es un problema nuestro". El representante matizó que "no intervenimos en ningún otro país de Europa, lo hemos hecho en Bélgica en los años 60 y 70", añadió.

REVISAR 850 EXPEDIENTES AL MES

La ley de asilo establece en su artículo 21.2 que sólo se suspenderá la expulsión de un solicitante de asilo cuando el ACNUR haya recomendado la admisión, tras haberlo solicitado el peticionario. A juicio de las ONGs que han soliitado al Defensor del Pueblo presente recurso de inconstitucionalidad, esta labor la deberían desempeñar los tribunales, para garantizar "la tutela judicial efectiva".

Según Da Cunha, desde la aprobación de la ley su organización revisa mensualmente unos 850 expedientes de solicitantes que están a la espera de la concesión o no, de los que más de la mitad se deniegan finalmente.