Los empleados de Aldaya permanecieron en silencio durante cinco minutos, tras una pancarta con el lem "Todos somos Josemari", y estuvieron acompañados por los dirigentes de EA, Rafael Larreina; PSE-EE, Jesús Eguiguren, y UA, José Luis Aiñua.

Eguiguren, a preguntas de los periodistas sobre si es éste el momento de acercarse al mundo radical, señaló que una cosa es la denuncia de un secuestro y otra tratar de resolver los problemas que tiene el País Vasco.

El líder de los socialistas gipuzcoanos explicó que por un lado está el secuestro, que "no tiene ningún tipo de justificación y además está cauando un daño económico tremendo al conjunto de los trabajadores de Euskadi y a la economía vasca", y por otro están "los distintos planteamientos para tratar de resolver los problemas que tenemos en el País Vasco de una forma definitiva de cara al futuro".

Eguiguren calificó la postura del sindicato LAB de "inaudita" y dijo que debe hacer reflexionar tanto a la sociedad como a los propios organizadores de las contraconcentraciones, ya que, "posiblemente, ni sus propios seguidores apoyan este tipo de atuaciones, porque en el fondo están perjudicando los propios planteamientos que defienden".

Los presentes animaron a la ciudadanía a continuar con las movilizaciones en favor de la libertad de Aldaya. El dirigente de EA Rafael Larreina mostró su indignación por el secuestro de Aldaya y manifestó que el silencio con que la mayoría de la sociedad vasca pide su libertad es "el silencio que reclama la libertad de Euskal Herria, que pasa por la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos de Euskadi".

Por su parte, Aiñua rechazó la postura de LAB y afirmó que el secuestro de Aldaya es un secuestro "físico, pero toda la sociedad está secuestrada con él". "Queremos que esta sea la última vez que una acción terrorista tenga cabida en nuestro pueblo vasco", añadió.

Los cerca de 50 concentrados de LAB portaron dos pancartas con los lemas "Euskal Herria Askatu" (Liberad para Euskal Herria) y "Fraude fiscal, corrupción, fondos reservados, desempleo. Benetako terrorismo soziala" (verdadero terrorismo socal).

El dirigente de LAB Rafael Díez entregó un comunicado a los medios de comunicación en el que denunciaba la situación de "más de 600 presos y deportados, la gran mayoría de ellos trabajadores".

Asimismo, criticaron las situaciones de paro y pobreza y señalaron que los derechos de los trabajadores "están siendo condicionados por muchos de los que como los trabajadores de Alditrans reivindican la libertad de la persona de Aldaya".