Estas son algunas de las propuestas contenidas en la proposición de ley elaborada por la APFS, en respuesta al proyecto de ley del Grupo Socialista sobr separación y divorcio.

El Instituto de la Familia que propone la citada asociación, que al igual que el de la Mujer dependería del Ministerio de Asuntos Sociales, tendría como objetivo fundamental "el velar por los derechos de la familia".

La propuesta defiende que en caso de divorcio la patria potestad se ejerza conjuntamente por ambos progenitores y se garantice el libre acceso de éstos a sus hijos.

"El progenitor que no tenga consigo a los hijos", añade, "gozará en su caso del derecho y endrá el deber de visitarles, comunicar y convivir de forma equitativa e igualitaria en el tiempo con ellos. El progenitor que los tenga consigo tendrá el deber de poner a los hijos a disposición del otro progenitor".

Respecto a la atribución del uso de la vivienda y "del ajuar familiar", señala que corresponderá a ambos cónyuges durante el período de un año, tiempo en el que se procederá a la liquidación de los bienes comunes.

Si no hay acuerdo de los cónyuges, la proposición de ley concede el uo de la vivienda familiar al que conste como propietario o al titular del contrato de arrendamiento.

La APFS es partidaria de que el juez asigne "por mitad la contribución de cada progenitor en concepto de alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad de los mismos. En la fijación de las prestaciones se atenderán a los ingresos medios económicos de los obligados al pago de alimentos y de las necesidades de los que deban recibirlas, con arreglo al baremo que a tal efecto esablezca el Instituto de la Familia".

Finalmente, la propuesta de la asociación de padres separados contempla una pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas para quien dejara de pagar durante tres meses consecutivos o seis no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos establecida en convenio judidialmente aprobado o resolución judicial, en los supuestos de divorcio o declaración de nulidad matrimonial.