Según informó hoy en rueda de prensa el propio presidente del Supremo, Francisco Hernando, los 16 magistrados han aceptado íntegramente los argumentos dados por el Ejecutivo y por la Fiscalía, que sosteían que la formación ilegalizada depende de la banda terrorista ETA.

Según el presidente del Supremo, la ilegalización afectará tanto a Batasuna como a Herri Batasuna (nombre con el que también funcionaba este partido) y a Euskal Herritarrok (EH), marca electoral de la formación ahora ilegalizada.

En consecuencia, Hernando explicó que debe procederse a la disolución de Batasuna, Herri Batasuna y EH, así como a la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior.

Asimismo, el presidente del Supremo aseguró que las deliberaciones de los magistrados se han caracterizado por su gran "altura doctrinal y jurídica", como, indicó, correspondía al asunto sobre el que debían pronunciarse. Añadió que en el proceso se han observado todas las garantías establecidas por la ley.

INICIO DEL PROCESO

Con su resolución, el Supremo da la razón a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, que el 13 de febrero presentaronante el Supremo sus conclusiones sobre la iegalización de Batasuna y destacaron la dependencia de la coalición "abertzale" de ETA.

En concreto, el abogado del Estado hizo referencia a que la formación que lidera Arnaldo Otegi es un "complemento de ETA", mientras que la Fiscalía destacó los testimonios y pruebas que relacionan a este grupo político con la banda etarra.

Estos planteamientos fueron rechazados por el abogado de Batasuna, Iñigo Iruin, quien, en su alegato final ante el Supremo el pasado 11 de marzo, argumentó que los demandants no habían probado la vinculación de la formación "abertzale" con ETA, y que el mero hecho de no condenar los atentados terroristas no podía llevar a la ilegalización.

Iruin sostuvo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que para situar fuera de la ley a una fuerza política es necesario probar que da un "apoyo directo, expreso, real y efectivo" a una organización terrorista. El letrado añadió que las "conductas de silencio" no se corresponden con ninguno de los hechos delictivos qe este tribunal europeo considera perseguibles.

El proceso para ilegalizar Batasuna se inició el 26 de agosto del pasado año, cuando el Congreso de los Diputados, a petición de PP y PSOE, instó al Gobierno a presentar una demanda de ilegalización de Batasuna, uno de los instrumentos contemplados en la Ley de Partidos Políticos para actuar contra una fuerza política que incumple la legislación.

Tras esta iniciativa parlamentaria, el Ejecutivo aprobó el 30 de agosto la presentación de una demanda cntra Batasuna, iniciativa que fue admitida a trámite por el Supremo el 14 de septiembre. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado decidió presentar su propia demanda, que también fue admitida a trámite.