Villar y el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, se reunieron hoy con los sindicatos en el primer encuentro de la mesa de negociación de la función pública. Las dos partes acordaron un complejo calendario de trabajo para este verano, en el que se prevé que las retribuciones salariales se traten el próximo día 24.

El responsable de Administración Pública, preguntado por la posibilidad de que el Gobierno congele el sueldo de los funcionarios para el año ue viene, respondió: "No he dicho que se descarte o se vaya a hacer, la decisión no está tomada".

Francisco Villar reconoció que el acuerdo suscrito en 1994 entre el anterior Ejecutivo y las centrales sindicales "es el marco adecuado de negociación que hay que desarrollar". Matizó, no obstante, que en dicho documento se especifica que el incremento de los sueldos de acuerdo con las previsiones de IPC se condiciona al cumplimiento del marco presupuestario y económico.

El secretario de Estado sí qu se comprometió a que se convoque oferta de empleo público para el año que viene, aunque sólo en los sectores que lo necesiten. "No va a haber una congelación del empleo", dijo.

Por su parte, el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado, advirtió que las propuestas sobre retribuciones de los empleados públicos tienen que estar preparadas antes de que finalice septiembre, pues el Gobierno tiene como plazo máximo esas fechas para presentar el proyecto de presupuestos.

MANTENIMIENTO DEL PODER DQUISITIVO

Asimismo, los portavoces sindicales se mostraron dispuestos a luchar por el cumplimiento del acuerdo de 1994 y por el mantemiento del poder adquisitivo de los funcionarios. Advirtieron que no admitirán nuevos recortes entre los empleados públicos.

El secretario general de la Federación Sindical de Administración Pública de CCOO, Carlos Sánchez, aseguró que "el Gobierno tiene que poner encima de la mesa una subida del 2,6% (la previsión de inflación para 1997)". Advirtió que sobre este unto los sindicatos mantendrán "las espadas en alto".

Sánchez manifestó que "el déficit público se puede reducir de otras maneras", y acogió con desconfianza las intenciones de Administraciones Públicas. "El Gobierno no pone encima de la mesa todas las cartas", dijo. Calculó que la congelación de los sueldos en la Administración sólo supondría un ahorro de 130.000 millones, cifra que calificó de "irrisoria".

Por su parte, su colega de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, surayó que "no es posible que se solicite un sacrificio que provoque una inhibición en la naturaleza del trabajo de la función pública". Explicó que todos los esfuerzos que se hagan tienen que estar condicionados a la mejora y la eficiencia del sector.

A su vez, el secretario de Acción Sindical de CSI-CSIF, Enrique Alonso, pidió "sensibilidad" al Gobierno en las negociaciones que se van a abrir, y expresó su esperanza de que "haya acuerdo a partir de septiembre".

Finalmente, los sindicatos nacionalstas CIG, ELA-STV y LAB coincidieron con los nacionales en sus reivindicaciones salariales, pero añadieron que demandarán la descentralización de la Administración, la profundización en las transferencias a las autonomías y el fomento del bilingüismo.