Por este motivo, los abogados de la familia entienden que el Estado es responsable susidiario de los delitos cometidos por José María Real López.

El tribunal que condenó a Real López a 56 años de prisión fijó una indemnización de 30 millones que el condenado no puede pagar, tras declararse insolvente. El asesino cumple su condena en Herrera de la Mancha.

La reclamación de la familia de Maruchi Rivas, tramitada hoy por vía administrativa, está respaldada por la asociación "Clara Campoamor", que prevé apoyar otras diez reclamaciones por otros casos similares ocurridos en España durnte los años 1992 y 1993, según manifestó en Lugo la presidenta de la misma, Blanca Estrella.

En el caso de no ser atendida la reclamación administrativa, los abogados de la familia de Maruchi Rivas prevén insistir recurriendo al contencioso-administrativo.