Así se recoge en el "Reglamento de los Organos Federales de Control" propuesto por la Comsión Ejecutiva para su aprobación, el próximo viernes, por parte del Comité Federal, y al que tuvo acceso Servimedia.

Según el artículo 19 de este Reglamento "la Comisión (de Etica) podrá requerir de cualquier afiliado/a que tenga un papel políticamente relevante en el Partido o en la sociedad, aún cuando no desempeñe un cargo público o representativo, la presentación de declaraciones sobre su situación patrimonial y actividades económicas, cuando se den situaciones que lo hagan necesario para garantiar ante la sociedad la honorabilidad de sus afiliados/as".

La Comisión de Etica es el órgano encargado de "supervisar y controlar" las situaciones patrimoniales de los afiliados y las actividades económicas de los cargos públicos electos, así como de velar por el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades de los cargos socialistas.

Por ello, todos los candidatos en listas del partido a elecciones generales, europeas, autonómicas y locales deberán presentar la declaración de bienes y actiidades con anterioridad a la aprobación definitiva de la lista por parte del órgano competente en cada ámbito y también en el momento de finalizar el ejercicio del cargo".

"La Comisión podrá exigir", reza uno de los artículos, "que la declaración venga acompañada de copia de las declaraciones de los impuestos de renta y patrimonio". El incumplimiento de este deber puede determinar la exclusión de la lista electoral.

También están sujetos a este deber ante la Comisión de Etica los militantes del prtido que hayan sido designados para ocupar cargos públicos en la Administración del Estado con nivel igual o superior al de director general.

La Comisión de Etica podrá "en cualquier momento en que lo estime necesario, exigir declaraciones de bienes y actividades a los electos y cargos que por cualquier razón no las hubieran presentado con anterioridad así como pedir las aclaraciones o declaraciones complementarias que juzgue convenientes, no sólo de estos últimos, sino de cualquier electo o cargo deignado para ocupar puestos en las distintas Administraciones Públicas o en la organización del Partido, aunque en su momento ya hubieran presentado la oportuna declaración".

Las comisiones de ética autonómicas y locales se encargarán de esta misma vigilancia a los distintos niveles de la administración.

Ante cualquier indicio o denuncia de irregularidad, la Comisión de Etica podrá recabar los datos y pruebas oportunos y elevarlos a la dirección federal "proponiendo, en su caso, las medidas orgánias y acciones judiciales que procedan".

Para desarrollar su función, de oficio o a instancias de la dirección federal, la Comisión de Etica está integrada por cinco miembros elegidos por el Congreso Federal, que actualmente son Ricard Pérez Casado, Francisca Sauquillo, Julio Pérez Hernández, Rosa Conde y Juan Muñoz.