El informe de 1996 fue entregado hoy por el Deensor, Fernando Alvarez de Miranda, a los presidentes del Congreso y del Senado, para su debate en la Comisión Mixta de ambas Cámaras.

En el aumento del número de las quejas influyó la presentación de trece colectivas idénticas que sumaron 14.898 expedientes. Entre las individuales sobresalen las referidas a la Seguridad Social (974), Función Pública (642), Sanidad (558), Tráfico (550) y Educación (507).

El Defensor cursó 122 quejas de oficio y elevó 142 recomendaciones y 197 sugerencias a las adinistraciones públicas para que modificaran normas o conductas administrativas.

Las administraciones concernidas aceptaron, hasta ahora, 81 recomendaciones y 67 sugerencias del Defensor, que también formuló 48 recordatorios de deberes legales a distintas administraciones que ofrecieron notoria resistencia a responder a las solicitudes de información o a las recomendaciones del Defensor.

En su informe, el Defensor destaca, entre los temas que suscitaron su mayor preocupación, las dilaciones indebias en la administración de justicia, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa y en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Subraya también la preocupación que se ha hecho llegar a varios municipios por promulgar ordenanzas contra la mendicidad que vulneran los principios de la Constitución, conducta en la que incurrieron, entre otros, los Ayuntamientos de Murcia, Santander, Zaragoza y Cartagena.

El Defensor se interesó también en particular por la situación de presos españoles encárceles extranjeras, los aspectos de la programación de cadenas de las televisiones que puedan ser perjudiciales para la juventud y la infancia, la atención residencial a personas con discapacidad, los posibles efectos nocivos de las lineas de alta tensión sobre la salud de las personas y los múltiples problemas del tráfico urbano.