En un auto hecho público hoy, Jiménez Villarejo señala que, según la Constitución Española, la acusación contra el presidente y demás miembros del Gobierno por determinados delitos "sólo puede ser planteada" por la cuarta parte de los integrantes del Congres y aprobada por la mayoría absoluta de la Cámara.

Agrega que "la Constitución Española no consagra en manera alguna un hipotético 'gobierno de los jueces'", que tuviera el poder de corregir la dirección de la política interior o exterior que la Carta Magna encomienda al Ejecutivo democráticamente legitimado, lo cual supondría un fraude constitucional, según el Alto Tribunal.

La querella rechazada hoy por el Supremo fue presentada el pasado lunes, 17 de mayo, y estaba firmada por más de cien intelctuales, escritores, periodistas y abogados.

Estos acusaban a Aznar y a Serra de "participar en una guerra sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución", incumpliendo así el artículo 63.3 de la Carta Magna, que obliga al Gobierno a consultar a las Cortes Generales antes de participar en una intervención militar.

Argumentaban que, según el artículo 588 del Código Penal, "incurrirán en la pena de prisión de 15 a 20 años los miembros del Gobierno que, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitucin, declararan la guerra o firmaran la paz".

Asimismo, los querellantes les atribuían los delitos de comprometer la paz del Estado, atentar contra las personas y bienes afectados por la guerra y malversar fondos públicos en el conflicto, recogidos en los artículos 590, 610, 611, 613y 433 del Código Penal.