La operación se inició por denuncias de atropellos a personas e indicios de comisión de otras actividades ilegales en dos locales de las localidades de Istok y Vrela, que dieron lugar a las oportunas invstigaciones. Los legionarios y guardias civiles españoles comprobaron que dichos locales eran sedes de "comisarías" clandestinas, en las que se realizaban detenciones ilegales, seguidas de palizas, amenazas y extorsiones.

Los "policías" clandestinos también cobraban "impuestos" ilegales por protección, que significaban el pago periódico de cantidades para evitar las palizas, atentados contra domicilios y robos de los propios "policías".