Durante su participación en el Foro de la Nueva Economía que concluyó hoy en Madrid, el comisario europeo calificó de "área prioritaria" la reducción de los gastos de las copañías por causas medioambientales y manifestó la necesidad de aumentar las inversiones públicas y privadas en la Unión Europea (UE).

Esta declaración de intenciones está en línea con la postura de la comisaria de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, que sugirió la semana pasada que el actual sistema de sanciones fijado en el Acuerdo de Kioto podría sustituirse por otro de incentivos y añadió que la UE "tiene que poner fechas límites para ver si se sigue manteniendo la normativa actual".

La ndustria española estima que la puesta en marcha del Protocolo tendrá un coste de entre 1.000 y 2.000 millones de euros al año a partir del próximo ejercicio.