Según una providencia a la que tuvo acceso Servimedia, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional da a De la Rosa un plazo "único, máximo e improrrogable" de 20 días para buscar otro aval por la misma cantidad que el que le prestó el Banco Zaragozano y que venció el pasado30 de enero.

Asimismo, la magistrada ha comunicado a De la Rosa que en ese plazo de 20 días debe buscar también un sustituto para el aval de 80 millones de pesetas que le facilitó el Banco Bilbao Vizcaya y que vence el próximo 22 de febrero.

Por otra parte, la Guardia Civil ha remitido un informe a la juez Palacios en el que asegura que el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, también imputado en el "caso Torras-KIO", es el "propietario real" de la finca y coto de caza "Carrueso", de la mecantil "Dehesa del Carrizo S.A.".

Según el escrito de la Benemérita, al que tuvo acceso Servimedia, "el acusado Manuel Prado y Colón de Carvajal es el propietario real de la finca, a la que acude frecuentemente, según informan los responsables de la intervención de Armas del puesto de la Guardia Civil de Vejer de la Frontera (Cádiz), donde se le tramitan a dicho señor las correspondientes licencias de armas y caza".

Asimismo, la Guardia Civil sostiene que las visitas de Manuel Prado y Colón de Cavajal a la finca son "reiteradas" y que quien aparece como administrador único de la sociedad Dehesa del Carrizo, Ignacio Satrústegui Aznar, "resulta totalmente desconocido en la demarcación".

La juez Palacios, que ha remitido los datos de la Guardia Civil a la Fiscalia Anticorrupción y a los abogados del caso para que soliciten lo que consideren oportuno, ya decretó en su momento el embargo preventivo de diversas fincas a Manuel Prado y Colón de Carvajal, con el fin de que éste hiciese frente a la finza de 2.000 millones de pesetas que se le impuso en concepto de responsabilidad civil.

Manuel Prado está imputado en el "caso Torras-KIO" por su presunta participación en la denominada "Operación Wardbase". El fiscal solicita para el empresario un total de 4 años y dos meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, consistente en haber cobrado presuntamente del Grupo Torras 1.900 millones mediante una factura falsa.

En el "caso Torras-KIO", la titular del Juzgado Central de Instrucción nmero 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, investiga la desaparición de unos 70.000 millones de pesetas de Torras-KIO mediante diversas operaciones financieras, como Icsa-Inpacsa, Croesus o Wardbase.