Esta operación consistió en el supuesto pago, ordenado por De la Rosa y presuntamente relizado a través de la sociedad Wardbase, de 1.900 millones de pesetas al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, tras la compra de una empresa belga por arte del Grupo Torras.

En 1988, el Grupo Torras compró, mediante ampliación de capital, la sociedad belga Celulosa de las Ardenas, con el compromiso de construir una fábrica de papel que entró a funcionar en 1992.

Sin embargo, un año después de esta operación hubo un desvío de 20 millones de dólares (unos 1.900 millones de pesetas) procedentes del Grupo Torras, perteneciente a KIO, hacia el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Por su presunta implicación en estos hechos, el fiscal Anicorrupción encargado del caso, Salvador Viada, pide para los acusados, De la Rosa; Jorge Núñez Lasso, ex responsable del Grupo Torras en España, y Prado y Colón de Carvajal, penas de entre 4 y 10 años de cárcel y multas de un millón de pesetas.

En su escrito de acusación, Viada imputa a De la Rosa y a Jorge Núñez los delitos de falsedad y apropiación indebida, y pidió 10 años y dos meses de prisión para cada uno de ellos, así como una multa de un millón de pesetas. A Manuel Prado le considera responsble de apropiación indebida y solicita para él 4 años y dos meses de cárcel.