Por sus presuntas responsabilidades en los movimientos financieros relacionados con la "Operación Wardbase", la juez Palacios considera que hay indicios suficientes como para celebrar el juicio contra el diplomático Manuel Prado, el financiero Javier de la Rosa, y Jorge Núñez Lasso de la Vega, ex responsables del Grupo Torras en España, así como los siguientes ex cargos directivos de la sociedad kuwaití en nuestro país: Juan José Fochi, asesor jurídico; José María Sot Casas, consejero, y Miguel Soler, director de administración.

La juez Palacios imputa a De la Rosa, Núñez Lasso y Folchi los cargos de falsedad continuada y apropiación indebida, delito este último del que también están acusados Manuel Prado, Miguel Soler y José María Sot.

Entre los acusados también se encuentra una mujer llamada Karin Linda Parker, a quien la juez Teresa Palacios imputa un presunto delito de cooperación necesaria en apropiación indebida.

En el auto de apertura de juicio oral, la juez Palacios ordena que los imputados, a excepción de Karin Linda Parker, presten fianzas millonarias. Así, Javier de la Rosa, Juan José Folchi y Miguel Soler deberán depositar 130 millones de pesetas cada uno, mientras que Manuel Prado deberá desembolsar 1.900 millones; José María Sot, 2.000 millones, y Jorge Núñez Lasso, 2.130 millones.

En su resolución, la juez instructora del "caso Torras-KIO" advierte a estas personas de que si no depositan la fianza en l plazo de un día, "se procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles".

"OPERACION WARDBASE"

Esta operación consistió en el supuesto pago, ordenado por De la Rosa y presuntamente relizado a través de la sociedad Wardbase, de 1.900 millones de pesetas al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, tras la compra de una empresa belga por parte del Grupo Torras.

En 1988, el Grupo Torras compró, meiante ampliación de capital, la sociedad belga Celulosa de las Ardenas, con el compromiso de construir una fábrica de papel que entró a funcionar en 1992.

Sin embargo, un año después de esta operación, hubo un desvío de 20 millones de dólares (unos 1.900 millones de pesetas) procedentes del Grupo Torras, perteneciente a KIO, hacia el empresario Prado y Colón de Carvajal.

PETICION DEL FISCAL

Por su presunta implicación en estos hechos, el fiscal Anticorrupción encargado del caso, Salvador Viada,sólo acusó en su día a Javier de la Rosa, a Jorge Núñez y a Manuel Prado, solicitando penas de entre 4 y 10 años de cárcel y multas de un millón de pesetas.

En su escrito de acusación, Viada imputa a De la Rosa y a Jorge Núñez de falsedad y apropiación indebida, y pidió 10 años y dos meses de prisión para cada uno de ellos, así como una multa de un millón de pesetas. A Manuel Prado le considera responsable de apropiación indebida y solicita para él 4 años y dos meses de cárcel.