KIO. LA JUEZ INVESTIGA LAS PROPIEDADES DEL EMPRESARIO PRADO Y COLON DE CARVAJAL
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado una providencia por la que ordena a los Registros Mercantil y de la Propiedad de varias ciudades que le informen del patrimonio que tiene el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, imputado en el "caso Torras-KIO" por su presunta participación en la denominada "Operación Wardbase".
En la resolución, a la que tuvo acceso Servimedia, la juez ordena al Registro Mercantil de Madrid, Sevilla y Barcelona que le remitan, con "la mayor urgenci posible", un certificado de las "inscripciones de las sociedades Centurius S.A.; Trebol Internacional S.A.", vinculadas con Prado y Colón de Carvajal.
En el escrito de la juez se hace constar que Trebol Internacional S.A. es la sociedad matriz de Trebolquivir S.A.; Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A.
Asimismo, la juez ordena al Registro de la Propiedad de Sevilla y Huelva "certificaciones acreditativas de si el referido imputado, Manuel Prado y Colón de Carvajal, posee o ha poseido biens que figuren en los mismos" y que, en caso afirmativo, le envíen información sobre la finca La Dehesa de Juan Esteban, ubicada en Zufre (Huelva).
La juez instructora del "caso Torras-KIO" ordena a la Guardia Civil que investigue si Manuel Prado y Colón de Carvajal continua siendo el propietario de esa finca y su correspondiente ganadería, adquiridas en 1990 a la familia Domeq.
La juez pide a la Guardia Civil que, también con la "mayor urgencia posible", le informe de "a quién se conoce como dueñ, quién o quiénes satisfacen los jornales o sueldos de las personas empleadas en la misma o contratadas temporalmente y a través de qué entidad bancaria se realizan y con qué periodicidad frecuenta dicha finca Dehesa de Juan Esteban Manuel Prado y Colón de Carvajal".
Manuel Prado está imputado en el "caso Torras-KIO" por su presunta participación en la denominada "Operación Wardbase". El fiscal solicita para el empresario un total de 4 años y dos meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, onsistente en haber cobrado presuntamente del Grupo Torras 1.900 millones a través de una factura falsa.
En el "caso Torras-KIO", la juez investiga la desaparición de varios miles de millones de pesetas del Grupo Torras, en la que también está implicado supuestamente el empresario catalán Javier de la Rosa.
(SERVIMEDIA)
09 Jul 2000
VBR